Garzón deja en libertad al empresario Manuel Carrillo

Desde las 10 de la mañana el magistrado de la Audiencia Nacional de Madrid, Baltasar Garzón, está tomando declaración a los detenidos por el caso Pretoria. Este es el relato de una jornada decisiva.

El consejero delegado de la empresa de servicios de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo, ha quedado en libertad después de declarar ante el juez instructor del caso Pretoria, Baltasar Gárzón. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se imponga una fianza de 100.000 euros para Carrillo.

Fuentes jurídicas han explicado que a Carrillo se le citó a declarar y, por tanto, no ha pasado la noche en la prisión de Soto del Real como el resto de los imputados, sino que ha venido por su propio pie.

El miércoles declaró durante una hora ante la Guardia Civil de la localidad de Las Rozas. Carrillo aseguró ante el magistrado que no tiene nada que ver con el caso.

HA DE VOLVER ESTA TARDE

Garzón le ha dicho a Carrillo que vuelva a partir de las ocho de la tarde para comunicarle su decisión final, es decir, si toma medidas cautelares o sigue en libertad.

El empresario Manuel Carrillo ha sido el primero en pasar al despacho de Garzón, a partir de las 10.15 horas. La orden que ha establecido el magistrado para las declaraciones seguirá con el exdiputado del PSC, Luis García, seguidamente Macià Alaverda y Lluis Prenafeta, exconseller de Economía y exsecretario de Presidència de los gobiernos de CiU. Durante la mañana también ha de declarar el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz. Los otros cuatro detenidos se espera que declaren después del descanso del mediodía.

Los nueve detenidos en la operación Pretoria, desarrollada entre el martes y el miércoles para desarticular una presunta trama de corrupción urbanística, han llegado esposados a las 7.30 horas a la Audiencia Nacional. La llegada se ha producido después de cubrir los 40 kilómetros de distancia que hay entre la prisión de Soto del Real y la Audiencia Nacional.

Han recorrido el camino en un solo autobús de la Guardia Civil y no con las dos furgonetas con las que salieron desde Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). A los detenidos se les ha podido ver visiblemente cansados y esposados.

BOLSAS DE BASURA AZUL

Al llegar a la Audiencia Nacional, los agentes han descargado sus pertenencias en bolsas de basura azul marino y atadas con precinto marrón.

Los arrestados fueron trasladados ayer a Madrid, tras pasar dos noches en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en la localidad de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

DESFILE DE DETENIDOS

Ante el juez Garzón van a comparecer el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC) y dos exaltos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU): el exconseller Macià Alavedra y el exsecretario general de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta.

También comparecerán ante el juez el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el responsable de servicios jurídicos de esta Alcaldía, Pasqual Vela; el exdiputado del Parlament y exmilitante del PSC Luis García Sáez.

Junto a ellos también estarán presentes tres empresarios: el presidente de Proinosa, Josep Singla; el del grupo Espais, Lluís Casamitjana; y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo.

ADJUDICACIONES IRREGULARES

La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos.

Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.

EL CASO BBVA-PRIVANZA

La operación parte del denominado caso BBVA-Privanza, que Garzón instruyó en el 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey.La investigación se archivó parcialmente y se retiró la imputación a 19 exconsejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.

Estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones. En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como cerebro y Macià Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.