El PSPV lleva a Camps al juzgado por su «gigantesca trama de corrupción»
Los socialistas valencianos presentan una querella contra el presidente de la Generalitat para que la Justicia investigue los informes de la policía sobre el Gürtel
Francisco Camps, ayer con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas presentó este lunes una querella por financiación ilegal y otros delitos contra el PP de esa comunidad ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de la Comunidad Valencia. La demanda, que se apoya en los informes policiales que apuntan el desvío de dinero desde empresas de Francisco Correa a la formación política, se dirige contra 17 personas, encabezadas por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y sus más cercanos colaboradores en el partido y el gobierno.
Los socialistas acusan a políticos y empresarios de allegar fondos irregulares al PP, así como de los delitos de cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal. Junto a Camps, figuran como políticos demandados, su vicepresidente primero, Vicente Rambla; el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el vicesecretario de Organización del PP, David Serra; la tesorera del partido en esa comunidad, Yolanda García; la directora de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars; o el ex director de Radiotelevisión Valenciana, Pedro García.
Además, el PSPV apunta a los tres principales responsables de la trama Gürtel: el propio Correa; su hombre de confianza en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes; y Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa. En la querella, también se acusa a algunos responsables de las empresas de la trama que operaban en la Comunidad Valenciana, como Cándido Herrero o el apoderado de Special Events, José Luis Izquierdo.
El PSPV imputa esos mismo seis delitos a varios empresarios de la construcción que aparecen en las investigaciones de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal tales como Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, de Contratista de Obras SA; Antonio Pons, presidente del grupo Piaf; Luis Batalla, administrador de Lubasa; o Vicente Cotino, administrador de Sedesa y hermano del vicepresidente valenciano, Juan Cotino.
El texto de la denuncia tiene como eje fundamental el informe de 89 páginas que la Policía Judicial remitió al Tribunal Superior de Justicia y que esta sede judicial se negó a incorporar a la causa de los trajes de Camps porque estaba ya archivada.
Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, aseguró que los socialistas, tras la presentación de esta querella, «han entrado en el camino de su autodestrucción» y tachó la demanda de «insulto a los valencianos».