Sólo once leoneses van de forma voluntaria al programa Fénix
Palencia, Segovia y León son las tres provincias en las que menos hombres acuden voluntariamente, sin mediar condena, al programa de intervención con hombres agresores de la Junta de Castilla y León.
En concreto, en León durante el año pasado sólo participaron ocho hombres a las terapias psicológicas individuales del programa Fénix, sobre un total de 191 en la comunidad que supuso un gasto de 128.000 euros, según datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Hasta septiembre de este año son once los hombres adscritos a este programa en León, sobre un total de 143 en toda la comunidad. La Junta ha vetado el programa Fénix a los agresores con sentencia judicial.
En Salamanca, con una población inferior a León, a Valladolid y a Burgos, el número de hombres que acuden voluntariamente a las terapias de Fénix fue de 45 el año pasado y ha aumentado considerablemente este año si se tiene en cuenta que hasta septiembre son ya 65 los participantes en el programa de la Junta.
Hace tres años, antes de ponerse en marcha el programa Trébol, el 63% de los hombres que acudían a las sesiones del programa con los psicólogos concertados por la Junta eran de León. Pero sólo el 20% acudían voluntariamente, por lo que la Junta decidió extremar el control de acceso y excluir a los que procedían de los servicios sociales penitenciarios.
Desde Proyecto Hombre se pide que la Junta reconsidere este criterio porque, señala su director Jorge Peña, «lo que está ocurriendo en otras provincias es que los hombres se van para casa sin hacer el programa y sin pasar por la cárcel».
Las condenas de los delitos de violencia de género más frecuentes -”las del artículo 153.1-” son de seis meses a un año de prisión y de nueve meses a un año cuando el delito se comete en el domicilio común.
«La suspensión de la pena privativa de libertad -”explica la fiscal de violencia de género-” siempre se realiza cuando el condenado es un delincuente primario y los hechos cometidos no revisten especial gravedad».
La condena se puede suspender, agrega, «si concurren determinados requisitos» y se condiciona al «cumplimiento de unas reglas de conducta previstas en el artículo 83 del Código Penal entre las que destacan el sometimiento del penado a realizar un plan formativo de violencia de género y la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima».
La legislación vigente permite que antes de iniciar la ejecución de la condena «cabe sustituirla, si no son reos habituales, por pena de trabajos en beneficio de la comunidad».
Incumplir estos requisitos «supone ir a prisión y ser juzgado por un delito de quebrantamiento de condena», explica María Engracia Martínez. El año pasado una decena de hombres ingresaron en prisión por este motivo.