Hacia una transición energética justa, rápida y necesariamente compensada

La llegada de la conservadora Úrsula von der Leyen —confesa impulsora de las políticas verdes y de carácter social— a la presidencia de la Comisión Europea parece que va a tener consecuencias inmediatas para la descarbonización de la economía, porque su intención, ya reiteradamente anunciada, es promover de manera inmediata un ambiciosos plan de inversión pública-privada por importe de un billón de euros que involucraría al Banco Europeo de Inversiones.  

La agenda medioambiental incluye también un segundo compromiso de elevar del 40% al 50%, e incluso hasta el 55%, el objetivo de reducción de emisiones para 2030 para el conjunto de la Unión Europea, si bien es posible que los objetivos sean diferenciados por países. Y, como tercero, crear un fondo específico para las regiones especialmente perjudicadas por la transición energética el verse obligadas a cerrar explotaciones de carbón y centrales térmicas.  

Aunque la cuantía exacta del fondo —se especula con que serían unos 4.000 millones de euros— y los criterios de distribución están por perfilar y dependerán del nuevo marco presupuestario 2021-2027, la provincia de León se juega mucho en esa negociación. Por esa razón, es exigible que los agentes sociales vayan tomando nota y que los sindicatos defiendan con firmeza sus posiciones para que la transición sea efectivamente justa y para que en esa asignación de ayudas e inversiones se beneficie en mayor medida a los países con planes nacionales de transición energética más ambiciosos. España figura a la cabeza en ese sentido. Pero esa mismo ambición es la que también marca la medida de los daños laborales, económicos y sociales causados. Y en el Bierzo, Laciana y la Montaña Central son especialmente importantes.

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