EDITORIAL | Una sentencia al ‘procés’ eficaz que no contenta del todo a nadie

El llamado procés de Cataluña ya tiene verdad judicial. La sentencia se hizo pública de manera oficial ayer y la primera sensación que se percibe es que nadie ha quedado contento del todo. Quizá ese puede ser el éxito que prueba la independencia de la Justicia. Ha medido cada detalle porque probablemente se trata del caso de mayor importancia para la propia estabilidad de España desde la que envió a prisión a los autores de aquel 23-F de hace casi tres décadas.  

Más allá de intereses y de lecturas interesadas, parece importante destacar que el Estado ha desplegado sus fórmulas de defensa. A pesar de lo que se ha repetido tantas veces, aquí no se ha juzgado nada relacionado con la libertad de expresión. En la sala de vistas se ha pasado revisión legal a hechos reales, a episodios con promotores conocidos y con consecuencias evidentes como la convocatoria ilegal de un referéndum, el asalto a la sede de la Consejería de Economía en Barcelona o la declaración de independencia usando cobardemente una sala anexa al Parlament catalán.  

España, un Estado Democrático y de Derecho, se ha defendido gracias a la eficacia de su Justicia, como ya lo hizo frente al intento de golpe del 23 de febrero de 1981 o cuando el gobierno legítimo de la Segunda República encarceló a Lluís Companys por declarar la independencia catalana en 1934.  

No hubiese sido aceptable ni legítima una inacción de la Justicia. Probablemente gracias a su autonomía ha ofrecido una imagen de mayor seriedad, rigor y eficacia que los poderes políticos, a los que siempre les pesa su atadura a la opinión pública, con ejemplos flagrantes como lo ocurrido en aquellos días del otoño de 2017, cuando Ciudadanos y PSOE pasaron en pocos días de intentar bloquear la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy a lamentar que hubiese sido ‘blando’.  

La sentencia tiene un indudable valor ejemplarizante. En demasiadas ocasiones el Estado ha pasado de puntillas antes asuntos como los ‘rodea el Congreso’ en los que se pone en la picota sus pilares básicos. Parece necesario que, como ocurre en todas las democracias homologables, la Justicia despliegue su eficacia para poner las cosas en su sitio, pese a quién pese.  

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