El lobo, un estatus sin criterio

Mucho se habla esta semana de la sentencia emitida por Europa que abre la puerta a la posibilidad de que se puedan abatir lobos al sur del Duero, donde la especie goza de una estricta protección, según la Directiva 92/43 relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

Eso sí, sólo se podrá hacer en casos excepcionales —aunque no dice cuales— y mientras no quede otro remedio, es decir, que las autoridades competentes tienen que justificar que han intentado todas las soluciones posibles antes de matar al animal. Nunca he estado muy de acuerdo con que el lobo goce de distintos estatus, ya no sólo en un mismo país, sino en una misma comunidad autónoma como Castilla y León, donde al norte del río Duero, que ejerce de barrera natural, es especie cinegética — aunque su caza está cautelarmente suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León— mientras que en el sur es especie protegida. Lo mismo ocurre en el Parque Nacional de Picos de Europa, un espacio que se extiende por tres comunidades autónomas: Asturias, donde el lobo está protegido, y Castilla y León y Cantabria donde es especie cinegética. ¿Donde está el criterio?

Según el último censo oficial realizado por la Junta en 2014, en Castilla y León viven 179 manadas de lobos —unos 1.600 ejemplares— de las que 152 se encuentran al norte del Duero y 27 al sur, lo que explica que en una zona hasta este año se haya podido cazar, siempre a través de cupos comarcales que en teoría garantizaban su sostenibilidad, mientras que al sur camparan a sus anchas. Pero el lobo no entiende de límites territoriales, ni en Picos de Europa, ni en el resto de Castilla y León donde la directiva europea de hábitats debería extenderse a todo el territorio y abrigar con su protección a todos los ejemplares de lobo que habitan en la comunidad. Sólo así se podrán poner soluciones globales a su conflictiva relación con el ganado, sin plomo de por medio, y sólo así se acabaría con gran parte de los problemas judiciales que tiene Consejería de Fomento y Medio Ambiente con los grupos ecologistas que pelean en los tribunales por que se respete a una especie que, aunque sí que es cierto que se ha expandido en los últimos años, sigue siendo una especie vulnerable a nivel nacional, y en peligro de extinción en Andalucía.