Cambiando de tercio...
No le falta razón a Pablo Fernández, el dirigente de Podemos, al quejarse del afán del presidente de la Junta en situar en primer plano el debate político nacional en detrimento de los problemas que aquejan a la comunidad autónoma. Se visualizó en el pasado pleno de las Cortes, en el que la sentencia de los ERE de Andalucía se convirtió en recurrente arma arrojadiza contra de las críticas de la oposición sobre cuestiones puramente domésticas.
Nada que objetar a que el gobierno autonómico que comparten PP y Cs se muestre preocupado ante el eventual gobierno de coalición PSOE-Podemos que pretende presidir Pedro Sánchez con una amalgama de apoyos minoritarios y la imprescindible abstención de los independentistas de la ERC. Aunque habría que esperar a conocer los términos del acuerdo antes de calificarlo de apocalíptico, la Junta está en su perfecto derecho de ponerse la venda antes de la herida.
Lo que no es de recibo es que el problema de la gobernabilidad de España sirva de excusa para que el gobierno de Castilla y León venga funcionando al ralentí, sin abordar los graves problemas estructurales en los que debería concentrar sus esfuerzos. Después de cuatro meses, se constata que el gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco carece de una verdadera hoja de ruta que determine sus objetivos prioritarios.
No solo ha dejado aparcado el más grave de los problemas —la sangría de la despoblación— a la espera de que el Estado y la Unión Europea vengan a solucionarlo. Es que entretanto se ha lanzado sin el menor consenso a dar palos de ciego sobre el delicado asunto de la sanidad rural, sembrando la alarma precisamente en el ámbito más despoblado. Todo ello sin que nada se sepa sobre la Ordenación del Territorio ni se contemple la reposición del Plan de Convergencia Interior contemplado en el Estatuto de Autonomía para corregir los desequilibrios territoriales internos (Ávila tiene una renta per cápita de 18.568 euros frente a los 27.205 de Burgos).
El conflicto sobre la jornada de 35 horas ha deteriorado seriamente las relaciones entre el gobierno Mañueco y los sindicatos, con el riesgo de que se resienta el Diálogo Social, como ha advertido el secretario autonómico de UGT. Y una grave inhibición: la Junta parece haber renunciado a elaborar unos nuevos Presupuestos de la Comunidad para 2020, lo que conduciría a prorrogar por segundo año consecutivo los de 2018.
Sin nuevos Presupuestos no es posible disponer de la inversión pública necesaria para afrontar los problemas que nos acucian. Y el hecho de que otras comunidades, entre ellas la Xunta de Galicia, los estén tramitando demuestra que no hay ninguna excusa para tan irresponsable dejación de funciones.