Los otros peajes de rigor
La intrincada negociación emprendida por Pedro Sánchez para conseguir su investidura le ha obligado a pasarse la jornada de hoy colgado del teléfono, hablando, uno por uno, con los presidentes de las 17 comunidades autónomas. El hecho se ha considerado por la oposición como una burda coartada para camuflar la llamada al presidente de la Generalitat, Quim Torra, al parecer exigida como gesto de buena voluntad por los independentistas catalanes sentados con los socialistas en la mesa de negociación.
La sospecha tiene su fundamento, ya que no existen precedentes y las llamadas se producen un mes después de que Sánchez echara cuentas y eligiera como vía para su investidura un pacto de gobierno con Podemos apoyado por un heterogéneo conjunto de minorías parlamentarias y la imprescindible abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Y por complicada que sea, tras las entrevistas mantenidas ayer por el presidente en funciones con Pablo Casado e Inés Arrimadas, esa sigue siendo hoy por hoy la única opción aritmética viable par evitar unas fatídicas terceras elecciones.
Pero el hecho de que en el actual trance político el candidato a la investidura conozca de primera mano la posición de los presidentes autonómicos no está precisamente de más. Es mucho lo que se juegan las comunidades autónomas en función del programa que adopte el nuevo gobierno y de las hipotecas políticas adquiridas previamente. Y no me refiero tanto a las eventuales concesiones de carácter identitario al independentismo catalán, como a los peajes que aspiran a cobrarse en la operación otras formaciones nacionalistas o regionalistas.
Con excepción del País Vasco y Navarra, todas las demás comunidades, las 15, se consideran perjudicadas por el actual modelo de financiación autonómica, que más pronto que tarde deberá revisar el nuevo gobierno. Pero algunas van a sacar tajada en forma de inversiones del Estado exigidas como contrapartida por apoyar la investidura. Y ya no solo será el PNV o los nacionalistas canarios, como ocurrió con los últimos Presupuestos de Rajoy. El ejemplo ha cundido y ahora están en esa misma estrategia la Cantabria de Revilla, que exige su tren ya, los valencianos de Compromís, los gallegos del BNG y hasta Teruel Existe, que no para otra cosa se ha presentado a las elecciones.
Por detraerse del fondo común, este tipo de peajes supone una clara discriminación hacia el resto de las comunidades que, por el simple hecho de estar gobernadas por el PP o, incluso por el propio PSOE, no tienen posibilidad de entrar en esa puja. Y casi todas ellas son precisamente las que engrosan la España Vaciada. Sánchez no lo ignora, pero si se lo recalcan los presidentes damnificados al menos no podrá llamarse a andana.