Editorial | Agilidad en el pago de los Ertes y en todas las medidas sociales

La precipitación en la toma de medidas para intentar frenar la propagación del coronavirus genera mucha incertidumbre, pero también unos daños evidentes que alcanzan ya a estas alturas a muchas personas. El bloqueo de la actividad y el confinamiento de la ciudadanía con la declaración del estado de alarma era una necesidad evidente. Las dudas surgen sobre las fórmulas elegidas. Y especialmente por las constantes rectificaciones que se achacan directamente a la inconsistencia que genera la presencia, en el Consejo de Ministros, de un partido cuyas ideas tienen un difícil encaje en los principios que rigen las democracias homologables.

Con ese panorama, se han ocasionado problemas presentes y futuros a muchas personas y empresas, y de manera especial a un sector inmensamente sensible a cualquier traspié económico, como es el de los autónomos, uno de los pilares de la financiación del sistema público español del que en el fondo somos todos beneficiarios. Frente a los que piensan e incluso proclaman algunos, la caja común de la sociedad surge de las contribuciones que los ciudadanos y las empresas pagan en forma de impuestos, de un esfuerzo inmenso y solidario de todos, o al menos, de casi todos.

Ahora, con esta coyuntura tan extremadamente complicada resulta imprescindible una administración eficaz. El consejero de Economía de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, confirmó que se empiezan a pagar ya los Ertes. Las familias, en pleno encierro en sus domicilios, mantienen unas necesidades mínimas para garantizar su supervivencia. Todas las medidas sociales que se han anunciado tienen que estar en marcha cuanto antes. Ahora no se trata de hacer política, ni de hacerse fotos ni de discursos grandilocuentes. El Estado, a través de todas sus administraciones, tiene que evitar que los ciudadanos se vean desamparados.