Editorial | El problema de credibilidad del Gobierno también impulsa el debate del estado de alarma
Los criterios cambiantes en horas, y la falta de una hoja de ruta con la que actúa a diario el Gobierno de España, invita a poner bajo sospecha y a cuestionar cualquiera de sus decisiones. Un movimiento creciente de instituciones, políticos y de expertos jurídicos ponen en duda la necesidad de que se prolongue el estado de alarma. Detrás de ello está esa sensación de que se utiliza como cortapisa para poner en marcha acciones gubernamentales que van más allá de lo necesario para combatir esta pandemia y la dura crisis económica que suscita. Desde el mundo del derecho se critica que se legisle a golpe de decreto en todo tipo de materias, generando una situación que sería más propia de un estado de excepción, algo que afortunadamente no hemos tenido que padecer, gracias a la normalidad y solidaridad con la que los españoles han respondido a este reto sin precedentes que supone la propagación del Covid-19.
En este contexto es entendible que diferentes autonomías, como es el caso de Castilla y León, exijan mucha más concreción y transparencia a Pedro Sánchez, para que pueda revalidar esa especie de cheque en blanco en el que, a golpe de decretazo sin ningún tipo de consenso, ha convertido el estado de alarma.
Alfonso Fernández Mañueco forma parte del principal partido de la oposición, el PP, que es prisionero de una trampa política: si bloquea la prolongación de las medidas de alarma será acusado de irresponsable —especialmente si llega el temido repunte de casos—; y si por contra facilita otros 15 día de alteración del orden constitucional estará dando la espalda a ese frente que pide a Sánchez que cuente con ellos, y que no se aproveche para ‘colar’ asuntos que en otras circunstancias tendrían una complicada tramitación parlamentaria.
Transparencia en el Parlamento, diálogo sincero en esa comisión del Congreso para buscar un Pacto de Estado y que, de verdad, se apueste por seguir el criterio de los expertos —difundiendo a quién se consulta y para qué—, serían fórmulas para conseguir un nuevo contexto que generaría beneficios para todos y facilitaría una menor erosión a las instituciones públicas.