Editorial | León debe ‘vender’ su legado a través del Procurador

En 1188, en el centro de la ciudad de León, tuvo lugar un acontecimiento de singular importancia. Con rigor histórico, probablemente resulta inapropiado emplear términos como Parlamento o Democracia para aquella reunión denominada Curia en la que por primera vez se escuchó la voz del pueblo. Todo un logro y también un reto que de algún modo sigue pendiente en las sociedades contemporáneas. El ciudadano tiene un problema a la hora de enfrentarse a las instituciones. Su defensa, tanto en lo individual como en lo colectivo, es imprescindible. Las democracias están obligadas a formular herramientas útiles para que las personas puedan plantar cara a los posibles abusos de las administraciones, y para que alguien vele contra los errores de las entidades públicas o privadas que perjudican a los intereses de esos mismos ciudadanos, o dañan esos servicios o infraestructuras que resultan fundamentales para su bienestar.

En ese contexto la figura del Procurador del Común no podía haber elegido mejor sede. Y se ha consolidado como una herramienta útil para la defensa de los intereses de la población de Castilla y León. Quizá un error sea el que la ciudad, y en general la provincia, no apuesten por dotar de mayor relevancia en el exterior a la existencia de una figura pública en León que representa de la mejor manera posible ese espíritu de 1188, cuando un joven monarca dio voz al pueblo por primera vez frente a los dos poderes clásicos, la nobleza y el clero, en un avance que hoy es Memoria de la Humanidad decretada por la Unesco.