Pacto, que no hoja de ruta
Tras cinco semanas de discreta negociación, se esperaba que el pacto para la reconstrucción de Castilla y León conllevara una nueva hoja de ruta consensuada para afrontar la maltrecha situación social y económica en que ha quedado esta Comunidad autónoma a causa de la Covid. Una hoja de ruta pautada, con calendario y cuantificación económica, que determinara el rumbo a seguir durante la dura travesía que nos espera.
Y no ha sido exactamente así. El acuerdo suscrito entre la Junta y las fuerzas parlamentarias (excepción hecha de Vox y de la UPL, bien que no por las mismas razones) consiste básicamente en una terapia paliativa para subsanar los principales estragos ocasionados por la pandemia. Comenzando, como no podía ser de otra forma, por prevenir posibles rebrotes y reforzar el actual Sistema Público de Salud en tanto se aborda un nuevo modelo sanitario que subsane las ostensibles carencias del vigente, muy deteriorado por los recortes aplicados durante la anterior crisis.
También venía de suyo estrechar la vigilancia sobre las residencias de ancianos, auténtica zona cero de la pandemia (casi 2.600 muertos por Covid o síntomas compatibles), y promover un nuevo modelo que garantice la atención sanitaria en estos centros. Y por supuesto, incentivar en todo lo posible el binomio reactivación económica-recuperación del empleo, capitulo a salvar básicamente por las aportaciones del gobierno central, ya que las arcas autonómicas están más tiesas que la mojama; ahí está como ejemplo el impago de la ayuda complementaria a los trabajadores en Erte anunciada hace tres meses.
No puede calificarse como hoja de ruta un acuerdo que ignora algunos de los problemas estructurales de esta comunidad autónoma. Es el caso de la despoblación o, si se prefiere el eufemismo, reto demográfico, cuestión completamente ausente del documento. Como lo están otros dos problemas muy asociados al anterior, las desigualdades territoriales internas (ni rastro del Plan de Convergencia y de su Fondo de Compensación) y la Ordenación Territorial del medio rural. Al hilo de todo lo anterior: ¿Alguien sabe que fue de la Mesa por el Futuro de León que tantas expectativas y esperanzas suscitó?
Y una última cuestión. Salvo las medidas financiadas a través de ese fondo especial de 16.000 millones a distribuir entre las comunidades autónomas, 9.000 de ellos destinados a paliar el gasto sanitario extra ocasionado por la Covid, el pacto de «reconstrucción» de Castilla y León quedará en buena medida en papel mojado mientras no se aprueben unos nuevos Presupuestos de la Comunidad autónoma. La Junta sigue gobernando con los aprobados en 2018, prorrogados por segundo año consecutivo y no parecer tener ninguna prisa en dejar de hacerlo.