Editorial | La conectividad total no puede seguir siendo una aspiración sino un derecho

Un protocolo general de actuación para la mejora de la conectividad a internet de banda ancha, tanto fija como móvil, posibilitará la inversión en tres años de 5,4 M€ en la provincia gracias al acuerdo entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Diputación de León. Se trata, en fin, de incrementar los porcentajes de cobertura en el territorio provincial, que hace un año ni siquiera alcanzaba en aceptables condiciones al 64% de la población. Aunque el objetivo a 2022 es superar el 84%, es evidente que la provincia plantea un problema importante por la desigualdad en la distribución poblacional, que deja en peores condiciones a las pequeñas localidades y a las más aisladas tanto orográfica y como geográficamente. Pero los derechos de quienes las habitan y las mantienen vivas merecen el mismo respeto que los de cualquier otro ciudadano. En ese sentido es lógico, y exigible en la misma medida, que el protocolo permita afrontar las actuaciones necesarias para garantizar una conectividad casi universal que al menos permita alcanzar niveles de cobertura lo más próximos posibles al 100%.

Porque no es admisible que a sólo veinte kilómetros de la capital, y esto es así de real, un teléfono móvil sea un elemento inservible. La conexión a las redes de comunicaciones electrónicas de todos los ciudadanos, independientemente del lugar de residencia y, por lo tanto, el acceso a la sociedad de la información y al mundo digital en condiciones de igualdad, tiene que dejar ya de ser una aspiración para convertirse en un derecho, porque eso constituye la base del desarrollo económico y un elemento esencial también para fijar población en el medio rural.