Editorial | Paso adelante de la Diputación para paliar el déficit de los ayuntamientos

El día a día real en los pequeños ayuntamientos, y de manera muy especial en las juntas vecinales, se vive en una especie de contradicción que precisa respuestas valientes. Nadie puede negar que las instituciones locales son un servicio más que debe estar próximo a los pueblos, que facilita el asentamiento de población y que permite una gestión más cercana a los ciudadanos, como se puso de manifiesto de manera muy clara en los últimos meses durante el confinamiento de la pandemia. Pero la complejidad burocrática y las necesidades reales para facilitar soluciones adecuadas a esos mismos habitantes desborda en demasiadas ocasiones la capacidad de esas entidades. El Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) es desde hace ya años la piedra angular del funcionamiento de esas pequeñas administraciones que, en el fondo, son víctimas de algún modo de sus propias carencias.

Ayer, en el Pleno de la Diputación se puso sobre la mesa el conflicto que se genera por la incapacidad de los ayuntamientos para sacar adelante las obras que se les conceden en los planes de inversión de esta institución. Son precisamente esos municipios o pedanías los que impiden que lleguen las mejoras en bienes y servicios a sus ciudadanos al ahogarse en los procesos. La propuesta de que la institución provincial gestione las cosas directamente parece adecuada, pero sólo es un parche pare el verdadero problema pendiente y que los partidos políticos convierten en un tabú: la reformación de la administración que agrupe esfuerzos y facilite soluciones a los problemas reales.