Editorial | Flexibilizar el gasto de ayuntamientos
La regla fiscal de control de gasto y estabilidad presupuestaria, conocida como ‘ley Montoro’, se puso en marcha en el marco del desfase presupuestario provocado en las administraciones durante la anterior crisis económica. Sigue en vigor y establece que ninguna administración puede superar el gasto del año anterior (sumando el crecimiento previsto del PIB), incluso aunque tenga sus cuentas saneadas, superávit y haya conseguido reducir su déficit. Una norma impulsada por el PP a instancias de la UE para contener el despilfarro en tiempos de bonanza y conseguir ahorro en épocas de dificultades económicas.
Esta regla de gasto contribuyó en su momento a que el Gobierno cumpliera los objetivos marcados por Bruselas, y lo hizo sobre todo a costa de las corporaciones locales, porque los volúmenes de gasto de Gobierno y autonomías han encontrado argumentos fiscales como para ‘distraer’ con mayor facilidad estas exigencias fiscales.
La situación en los pequeños ayuntamientos es que esta norma no se ajusta a la realidad ni de su contabilidad ni de la solvencia con la que pueden responder a las inversiones cuya gestión se les asigna, como es el caso de los planes provinciales de la Diputación, por poner un ejemplo.
Trece ayuntamientos de la provincia han tenido que presentar ahora sus planes económico-financieros a Hacienda por haber incumplido esa regla de gasto. Lo que bloquea la capacidad de invertir en su desarrollo a corto plazo, a pesar de que cuentan con importantes ahorros. Un ejemplo de la necesidad de modular esta regla de gasto a los tiempos que manejan las pequeñas administraciones. Con urgencia, ya que se avecinan nuevos tiempos de control tras los excesos de gasto público que está provocando en las grandes administraciones la pandemia de coronavirus.
Cualquier dificultad de ejecutar el presupuesto en un año limita las posibilidades de inversión en el ejercicio siguiente, una situación absurda cuando las zonas rurales tienen que luchar más que nunca por asentar las bases de su futuro. Control presupuestario sí. Racionalidad local, también.