Editorial | Dudas sin aclarar pero necesarias de resolver sobre el curso escolar

El curso 2020-2021 comenzará el próximo día 9 de septiembre y o mucho cambian las cosas o lo hará muy condicionado por las todavía imprevisibles consecuencias del coronavirus. La pandemia —que es mundial, no lo olvidemos—ya obligó a suspender las clases en marzo y la inmensa mayoría de los alumnos no han vuelto a las aulas desde entonces. Las autoridades educativas y sanitarias siguen sin resolver sus propias dudas y, más inquietante, las de los padres y alumnos sobre cómo hacer frente a la eventualidad de un regreso que, se produzca o no, va a cambiar hábitos, prácticas y comportamientos para siempre.

Desde la aparente normalidad del Gobierno, con más o menos adhesiones de las comunidades autónomas, todo parece indicar que, pese a la creciente amenaza del coronavirus, la idea inicial es que el curso se desarrollará en el periodo habitual, que prioritariamente será presencial como principio general y que constará de 175 horas lectivas. El caso de la presencialidad en las etapas obligatorias no sostiene argumentos en contra porque es necesario recuperar los déficits de enseñanza-aprendizaje causados por la prolongada ausencia de las aulas. No debe obviarse que 2020 será un año académicamente deficitario y no parece que socialmente se hayan valorado en su justa medida las consecuencias presentes y futuras de esa circunstancia. Todas las generaciones en edad escolar que se hayan visto afectadas sufrirán un déficit difícilmente reparable.

Porque la formación intensa y continuada es un elemento clave del desarrollo de la sociedad, ya que sólo desde esa alta capacitación el trabajador podrá contribuir eficientemente a la construcción de la sociedad del futuro. Por esa razón y por la posibilidad de que se reedite el pasado preocupan las dudas que se advierten sobre la iniciación del próximo curso escolar. Naciones Unidas ya avisa de que no es posible suspenderlo, ni reducirlo al telecolegio, una solución que profundiza en las fracturas sociales, dificulta el aprendizaje y la relación personal, impide la integración y dinamita la conciliación familiar y laboral. No es admisible, pues, que las comunidades autónomas, que tienen esa responsabilidad, la eludan aunque necesiten duplicar el número de aulas y profesores. Y de recursos.