Editorial | Necesario equilibrio entre seguridad y educación en el regreso al colegio
La vuelta al colegio se cobra en León un millar de empleos vinculados a las actividades extraescolares que la Junta ha suspendido, de momento, durante el primer trimestre. Es una de las consecuencias, digamos que visibles, en el escenario más próximo de los daños causados también en el ámbito laboral por la situación sobrevenida por el rebrote de la pandemia y el temor a un alcance todavía imprevisible. En el mismo balance de agravios hay que considerar los originados a otros servicios vinculados al entorno escolar, como el transporte, los servicios de comedor, el refuerzo académico, la logística y provisiones, etcétera, además del condicionamiento impuesto al normal desarrollo de la conciliación y la convivencia familiar.
La cita de hoy entre autoridades sanitarias y educativas por un lado y comunidades autónomas por otro debería poner fin a la falta de liderazgo y abandono de las responsabilidades por parte del ministerio, aun sabiendo que las competencias —lo mismo que las sanitarias— están transferidas a las comunidades autónomas, y a las tremendas dudas de éstas. Y eso pese al mensaje tranquilizador, tanto para las familias como para la comunidad educativa, lanzado ayer por el presidente de la Junta relativo al protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva y al refuerzo de los recursos humanos, con 800 docentes más, 600 de ellos para los centros públicos, y a las ratios de alumnos por clase, entre 22 y 25 según el curso.
La apertura plena de los colegios requiere, efectivamente, dotar a los centros de las medidas y garantías de seguridad suficientes para que los padres estén dispuestos a confiar en ellos. Porque la vuelta a la actividad escolar tras la anomalía del curso pasado es un imperativo irrenunciable envuelto en nuevas e inevitables incertidumbres por la inesperada reviviscencia de la pandemia. Y debe hacerse manteniendo un necesario equilibrio entre seguridad sanitaria y educación, cueste lo que cueste. Porque el objetivo irrenunciable es que las generaciones que tomarán el relevo no sufran más distorsiones en su programa educativo, clave también para la normalización de los procesos productivos, ya que la conciliación entre la actividad laboral y la vida familiar pivota esencialmente sobre la escuela.