Editorial | La okupación necesita respuesta en la legislación

Más allá de la instrumentalización política del fenómeno de la okupación, y más allá también de la alarma social despertada por la atención mediática a determinados casos, lo cierto es que la indefensión de los propietarios de inmuebles frente a quienes se instalan en ellos ilegalmente es una realidad que hace tiempo debía afrontarse. Durante la anterior crisis económica el perfil del okupa se defendió en determinados ámbitos como el de personas y familias especialmente vulnerables desde el punto de vista social y económico, frente al de propietarios que tenían las viviendas como inversión. El hecho de que los bancos y los fondos de inversión se hicieran con una buena parte de estas viviendas vacías alimentó cierta permisividad con estas okupaciones. En los últimos meses este fenómeno se ha incrementado de las manos de mafias que sabotean a los propietarios y estafan a las víctimas a quienes les alquilan o venden las viviendas okupadas. Los muchos matices de la legislación, desde quienes pueden denunciar a cómo desalojar a quienes invaden la propiedad privada de otros, han alentado esta situación. En León las cifras oficiales de okupación han crecido, sobre todo en los últimos tres años; pero el número de casos está muy lejos de la alarma generada en la sociedad, alentada por intereses políticos y comerciales. En todo caso, es inadmisible que las víctimas (propietarios, pero también vecinos) de lo que al fin y al cabo es un delito puedan tener problemas para recuperar su propiedad, y exigir responsabilidades en caso de daños. El protocolo que el Gobierno acaba de anunciar para responder a esta alarma social es un primer paso, pero debe trasladarse con urgencia a la legislación. La okupación exige respuestas inmediatas, policiales y judiciales.