De cálculos partidistas
Siempre me he preguntado qué baremo utilizan las instituciones y los partidos para traducir a porcentajes aritméticos, decimales incluidos, el grado de cumplimiento de un programa electoral o de un pacto político. Ignoro si todos los puntos incluidos en el documento en cuestión puntúan por igual, se trate de asuntos de auténtico calado o de cuestiones accesorias, y no digamos como se evalúa todo aquello, que suele ser mucho, formulado ambiguamente o como mera expresión de voluntad, sin concreción de su coste económico ni plazo alguno de ejecución.
Viene a cuento lo anterior al hilo del pacto para la «reconstrucción» firmado hace tres meses entre la Junta de Castilla y León y la oposición parlamentaria (excepción hecha de la UPL). Aquí no es lo de ver la botella medio vacía o medio llena. Según la calculadora de su vicepresidente, el inefable Francisco Igea, la Junta ha cumplido o está en vías de cumplir el 94,1% de los 86 puntos contenidos en dicho pacto. Un porcentaje ciertamente elevado que no comparten los socialistas, cuyos cálculos lo reducen escasamente a un 25%.
Visto el abismo existente entre unos y otros a la hora de percibir y evaluar una misma realidad, cabría preguntarse si suscribieron el mismo documento o si éste estaba redactado en el mismo idioma o en un lenguaje codificado susceptible de traducciones libres e interesadas. De lo contrario no se explica tamaña discrepancia.
Hasta donde uno recuerda, trascendentes aspectos de tan cacareado pacto -de «histórico» lo calificó el comunicado oficial de la Junta- están por cumplirse, entre otras cosas porque son imposibles de culminar en el limitado plazo de tres meses. Es el caso del compromiso de abordar integralmente un nuevo modelo de ordenación sanitaria en la comunidad autónoma, tarea para la que se constituyó un grupo de trabajo del que no se han vuelto a tener noticias. Tampoco se han concretado el contenido y el calendario del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025 (728 millones de inversión total a lo largo del quinquenio), y lo más preocupante es que tampoco se sabe nada del nuevo modelo de atención residencial planteado tras la tragedia vivida en las residencias de ancianos de Castilla y León (casi 2.700 muertos) a causa de la pandemia, desastre éste pendiente de un informe de parte sustitutivo de la comisión parlamentaria de investigación que pedía a gritos el caso y que inexplicablemente no solicitó la oposición socialista.
Y a todo esto, pese a situar en un 94,1% su grado de cumplimiento, el inefable Igea va y dice que «un pacto no es una lista de deberes al gobierno, sino una suma de voluntades». Pues apañados estamos.