Editorial | Injusta negativa y confrontación que arruinan a los sectores más dañados

Las reiteradas negativas del Gobierno a las reclamaciones de ayudas directas y planes de rescate para los sectores más afectados por la crisis desatada por la pandemia —sobre todo hostelería, comercio y turismo— volvió a levantar la voz de los más damnificados tras conocerse el llamado Plan de Refuerzo y a propósito de la reunión sectorial ayer entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas. A esas negativas, que dejan en muy mal lugar al Gobierno —no sólo por sus reiterados incumplimientos, sino también por el escaso alcance y el retraso en las ayudas frente a la modélica respuesta de Alemania, por ejemplo— se suman las dificultades y las lógicas reticencias de las comunidades autónomas de complementar esas nimias compensaciones por meses de inactividad total o parcial, y no sólo por el daño económico, sino también laboral, y por las irreversibles consecuencias que todavía están por venir.

Lo malo de las cifras acumuladas desde marzo no es que se salgan de los rangos históricos de los gráficos. Lo peor es que todavía no dan toda la medida de la intensa destrucción de empleo que va a sufrir la actividad como consecuencia de la hibernación que requiere la necesaria y urgente respuesta sanitaria a la pandemia. Porque la evolución de la economía, al menos en el corto plazo, seguirá estando condicionada por cómo se desarrolle esa crisis sanitaria y la eficiencia, la rapidez y el alcance real de las medidas que acaban de comenzar a aplicarse.

Y es que frente a la certeza de que esa tendencia será bajista, los augurios de que el rebote será tan espectacular como la caída que lo precedió no solucionan los problemas de esos sectores. Lo que se requiere ahora es un plan sensato, realista y posible por parte del Gobierno, a partir de un acuerdo con todas las fuerzas políticas y sociales y con todos los territorios que, visto lo visto, parece hoy irrealizable si se mantiene la polarización, la prevalencia de intereses partidistas sobre el general y la confrontación política. Esa ruptura, que ya no sólo es política, sino social e incluso institucional, imposibilita acometer la estrategia conjunta que reclaman los ciudadanos y acrecienta día a día su desconfianza en los gobernantes. El desafío es de tal envergadura que sólo el esfuerzo colectivo y el acuerdo más amplio permitirán afrontarlo.