El Gobierno vuelve a agraviar a Castilla y León

Casi tres mil ancianos, concretamente 2.925, internos en varias residencias de la provincia recibirán entre hoy y mañana la vacuna contra el covid-19 de la primera remesa que León recibió ayer. El proceso de vacunación —que se repetirá con la recepción de dosis cada lunes, inicialmente hasta el mes de marzo— podría significar el principio del fin del episodio más trágico sufrido por este país desde la llamada gripe española. Y eso no sólo en el aspecto estrictamente sanitario, sino también en el psicológico, por la inseguridad y el miedo generados por una sociedad que seguirá acobardada hasta que, llegado el caso, se alcance la plena inmunidad. Si, como es deseable, la eficacia terapéutica de esta vacuna —y las que llegarán a partir de enero— se confirma, nos encaminaremos de verdad hacia la normalidad en todos los sentidos y avanzaremos en la recuperación de un país extraordinariamente castigado por la crisis en sectores clave para el desarrollo económico y el empleo.

Hoy más que nunca adquiere enorme importancia la celeridad, el esfuerzo investigador y el éxito de la comunidad científica al desarrollar no sólo una, sino varias vacunas eficaces, lo que viene a demostrar las inmensas posibilidades que tiene la ciencia de mejorar nuestra calidad de vida. En ese contexto, no deja de ser una contrariedad que una parte de la sociedad, por pequeña que sea, rechace la vacuna por desconfianza, por miedo o, peor aún, por alguna otra razón todavía más incomprensible. No confiar en la ciencia y en la capacidad del ser humano para afrontar los mayores desafíos que se le presenten es sencillamente una temeridad. La cultura es en estos casos la mejor medicina contra el temor infundado.

De manera unilateral, sin contar con las comunidades y sin convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno vuelve a castigar a Castilla y León, ahora en el reparto de los fondos React UE para la Nueva Generación Europea. De hecho, es la comunidad más perjudicada, ya que sólo se le asignan 335 de los 10.000 millones distribuidos. Esta cifra —128 euros por habitante frente a 213 de media— es claramente inferior a lo que Castilla y León representa en el conjunto del país por población, PIB y superficie. No sólo perjudica a las comunidades autónomas que acertaron en sus políticas para combatir la recesión, sino también y de forma especial a las que tienen mayores problemas demográficos y de dispersión territorial.