El atasco de la Justicia en la provincia se cronifica con la pandemia del covid

La Constitución de 1978 establece entre los derechos fundamentales el acceso de los españoles a unos tribunales que actúen con verdadera y eficaz justicia. Conocida es la máxima que establece que sólo cuando se actúa en tiempo y forma se alcanza una defensa apropiada de los derechos. Pero la realidad que se vive en el conjunto de los tribunales españoles, y especialmente en los de territorios como León, pone en evidencia que no se cumplen esos criterios que impone la propia legislación y que son defendidos por los profesionales para conseguir que un pilar tan fundamental de la Democracia sea diligente para dar respuesta a las necesidades de Justicia que plantea a diario la sociedad española.

El dato de que serían necesarios más de dos años para desatascar los juzgados leoneses pone de manifiesto que existe un problema crónico, al que las sucesivas reformas legales no ha conseguido dar respuesta. La informatización y la actualización de las estructuras internas, con la llegada de la oficina judicial, se ha comprobado bastante eficaz pero al final parece que todo acaba chocando con el mismo conflicto estructural, la carencia de personal suficiente para que en cuando se alteran las cosas, como ahora con el covid, retorne el colapso.

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