Prórroga necesaria de los Erte para avanzar en la recuperación laboral
La crisis económica provocada por la pandemia y sin duda también algunas malas decisiones políticas para paliar sus efectos dejaron atrás un desastroso año 2020 para el mercado laboral. Casi 725.000 personas perdieron su empleo, de las que más de 500.000 eran del sector servicios. A nivel porcentual, los datos fueron todavía más catastróficos para la provincia, que cerraba diciembre con 5.063 desemplados más que el año anterior (33.646 en total) y 2.636 cotizantes menos.
En ese escenario general y particular, Gobierno, sindicatos y empresarios se reunían ayer para iniciar una nueva negociación con el objetivo de prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo, a los que están acogidas, con datos a cierre de diciembre de 2020, más de 755.610 personas —6.017 en León—, cifra que está lejos de los 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar en un Erte en el mes de abril, pero todavía muy importante.
La regulación actual de los ertes está vigente hasta el 31 de enero y los empresarios llevan tiempo pidiendo extender la siguiente prórroga, que al parecer, y ya hay acuerdo, será hasta el 31 de mayo, cuando ya habría expirado el estado de alarma.
La previsión tras esa debacle anual es que el empleo se recuperará parcialmente en los próximos meses, propiciado por la mejora de la situación sanitaria e impulsado por la confianza en la rápida vacunación de la población de riesgo. Pero es necesario que el efecto mitigante de los ertes siga siendo un alivio y evite la degradación laboral como consecuencia de la prórroga de las restricciones horarias y de movilidad personal que, en lo que afecta a la provincia y al resto de la comunidad autónoma, se mantendrán justamente durante tres meses más.
Pese a esas buenas expectativas sobre el mercado del trabajo y a la espera del cambio de tendencia de los datos, es evidente que el reto debe ser evitar que esta segunda ola del covid rompa esa mala dinámica y en cambio facilite las condiciones para la creación de empresas y el desarrollo del empleo cuando la pandemia vaya remitiendo. Pero también es necesario que esos salvavidas públicos que son el Ingreso Mínimo Vital, la prestación para parados de larga duración o mayores de 52 años y otras ayudas que se anunciaron a bombo y platillo sean también reales y efectivas.