Queja hasta Europa
La plataforma Más Plurales, que aglutina a sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, ha pedido amparo al Parlamento Europeo porque considera que la reforma educativa española, la Lomloe, más conocida como Ley Celaá, supone un «ataque frontal» y «sistémico» al Estado de Derecho en España y porque es contraria a la Constitución y a varias normas internacionales y supranacionales. En una carta remitida a esta institución europea, la plataforma desgrana los «aspectos que más preocupan» de la nueva ley de Educación, ya que, a su juicio, «con ellos se prepara una ilegal e injusta monopolización estatal del sistema educativo». El primero de ellos es, según Más Plurales, la «programación de la enseñanza y exclusión de la demanda social» y la «limitación del derecho de los padres a la elección de centro». Según Más Plurales, se «vacía de contenido el artículo 27.3 de la Constitución», que recoge que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», al disponer la Ley que la programación de las Administraciones educativas esté orientada solo a garantizar una oferta suficiente de plazas públicas y no de concertadas y privadas.