Editorial | La recuperación sólo será posible con un reparto justo de fondos europeos

Más de dos mil empresas leonesas se sumaron en octubre pasado a la ampliación de los Erte, una situación en la que todavía permanecen 6.718 trabajadores. Es especialmente relevante el dato de que de esas 2.022 sociedades, 1.274 correspondan al sector hostelero, clave para la economía y el empleo en la provincia. Como también lo es que los hoteles —la suma del resto de establecimientos turísticos daría un porcentaje incluso más elevado— perdiesen en 2020 el 68% de sus ocupantes. Esas cifras se conocían mientras las consejerías mantenían una reunión con la ministra de Trabajo y Economía Social, esencialmente para analizar los proyectos de inversión y reformas en materia de Políticas Activas de Empleo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Es justamente la distribución de esos fondos lo que preocupa especialmente a Castilla y León y, a la vista de esas últimas cifras, de manera especial a la provincia. Porque la idea en la que se mueve el Gobierno es la de asignar a la Comunidad sólo un 3,35% del total del reparto autonómico, lo que supondría 257 millones de euros menos de los que le habrían correspondido con el actual sistema de financiación territorial. Esos fondos React-UE son esenciales para reactivar políticas de empleo que alivien la desastrosa situación laboral y económica de la provincia, y su reparto no será justo si no permiten desarrollar proyectos territoriales de cohesión y reequilibrio, atención a colectivos vulnerables, emprendimiento y microempresas. Y sobre todo si tampoco consideran variables que deben ser determinantes, como la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica.