Editorial | Abaratar los peajes de las autopistas no sólo es una necesidad, sino una urgencia
Galicia acaba de marcar el camino a seguir por Castilla y León. Tras dieciocho años de airada reivindicación social y política para que la autopista AP-9 dejase de ser de titularidad estatal, es ahora a la Xunta la que rendirá cuentas la concesionaria de ese vial estratégico tras ser aceptada la propuesta por la mayoría del Congreso de los Diputados. Aunque eso no suponga el rescate de la concesión, sí otorga a la administración autonómica capacidad de influencia sobre la política de precios de la concesionaria y, en consecuencia, sobre el abaratamiento del peaje.
El éxito de Galicia, que por proximidad geográfica e incidencia debe ser celebrado, no viene sino a poner en evidencia la magnitud del agravio que para Castilla y León —y en particular para esta provincia— supone el coste del uso de sus infraestructuras básicas. No hay que olvidar en ese sentido que sólo el noroeste peninsular —y los leoneses como frecuentes usuarios— paga por entrar a Madrid, a través de la AP-6. Ni tampoco los abusivos 13,50 euros que cuesta llegar a Asturias en un turismo y, lo que es todavía peor, los 5,15 de la León-Astorga por un trazado corto y orográficamente nada complejo, y sobre el que además debe recaer la responsabilidad de aliviar el peligroso tránsito por la N-120.
Es evidente que, razonablemente, el rescate público de esos viales no es en estos momentos una opción, pero tampoco debe serlo el mantenimiento de peajes abusivos —los leoneses seguimos pagando los más caros de Europa— y esa inaceptable prolongación de los períodos de concesión.
Lo exigible en esa situación es un sistema de bonificaciones que suponga una rebaja importante de los costes que perdure en el tiempo, hasta el final de esas concesiones. Y es imprescindible y de inmediata aplicación garantizar la circulación desde una buena gestión pública de esas infraestructuras sin convertirlas en una amenaza para las finanzas públicas. Las políticas de movilidad tienen que dejar de estar dirigidas por intereses de grandes constructoras para dar respuesta a necesidades reales y a criterios sostenibles. Sólo así la movilidad personal, el transporte y la logística contribuirán de manera eficiente al desarrollo de territorios que, como la provincia, lo necesitan de manera tan apremiante.