Editorial | El difícil equilibrio ambiental en las zonas rurales

La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica recurre la normativa nacional sobre las preceptivas evaluaciones ambientales de los parques eólicos y fotovoltaicos, porque considera que no recoge adecuadamente los problemas de las zonas de especial importancia medioambiental, sobre todo las que tienen especies protegidas o forman parte de la Red Natura. Y reclama que se tengan en cuenta los «efectos sinérgicos» de las instalaciones. Un argumento que ya en el pasado consiguió paralizar algunos de los más importantes proyectos de instalación de energías renovables en la provincia.

Dentro de los límites de la necesaria vigilancia de respeto al medio ambiente, cabe preguntarse cómo se pretende compatibilizar el futuro de las áreas rurales, especialmente las limitadas posibilidades con las que cuentan las zonas de montaña, con una normativa que constriña la instalación de cualquier alternativa, en este caso energética. Toda actuación humana alterará las zonas protegidas y las especies que las habitan, pero es más necesario que nunca poner en una balanza hasta dónde se está dispuesto a ceder en estas exigencias para conseguir el demandado asentamiento de la población en las zonas rurales. Una población que necesita actividad económica para salir adelante.

Una de las grandes alternativas que se planteó (aunque aún está pendiente de materializarse, como todo lo que tiene que ver con las cuencas mineras) al fin del carbón y a los mineros que quedaron sin empleo hace ya dos años fue la recolocación en nuevas fórmulas energéticas descarbonizadas. Si no se busca una fórmula que permita la implantación de generación renovable, este futuro tampoco será posible.

Conciliar todos estos intereses es una exigencia. Enrocarse en argumentos egoístas, de cualquiera de los dos extremos, no deja de ser un ejercicio de cinismo.