Editorial | Un aplazamiento incomprensible y doloroso en el juicio de la Vasco

La suspensión de la vista oral en el juicio por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle hasta que se aclare si los ingenieros acusados disponen de seguros privados que cubran su responsabilidad civil no sólo modificaría sustancialmente las diligencias llevadas a cabo en un larguísimo proceso, sino que además las retrotraerá al primer momento para que las compañías puedan presentar sus alegaciones.

Eso, que inicialmente conlleva un cambio trascendental para la cobertura de las indemnizaciones a las que pueden tener que hacer frente, supondrá también un retraso importante en un juicio de especial complejidad que tenía ya señaladas 21 sesiones para las declaraciones.

Y aunque el fiscal apoye la suspensión como «lo correcto para no perjudicar el derecho de defensa», es difícilmente comprensible, para el ciudadano en general pero sobre todo para los afectados, que se haya llegado a esta situación después de siete años y medio de desesperada espera y de una instrucción minuciosa en la que nada de esto debió quedar en descuido.

Pero resultada especialmente incomprensible y razonablemente doloroso para las familias de las seis víctimas mortales y de los ocho heridos que acudieron al rescate de sus compañeros. En ese sentido, resulta perfectamente entendible la rabia incontenible y el malestar manifestado a las puertas de los Juzgados tras tanto tiempo de espera por un juicio y una sentencia que inevitablemente no devolverá lo arrebatado, pero al menos aliviaría, aunque sea mínimamente, el dolor causado, el vacío acumulado en sus vidas y el desamparo. Si la Justicia sólo será justa si además es rápida, este tropiezo, por razonado y razonable que pueda parecer, la aleja todavía más de ese principio fundamental.