Editorial | Teletrabajo de los funcionarios si hay un buen servicio

El acuerdo firmado ayer por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y CIG plantea dudas importantes. Se pretende extender el teletrabajo en la Administración General del Estado. Probablemente será un objetivo a largo plazo que resulta ineludible. Pero la duda parece obvia. La prioridad del Estado debe ser facilitar un servicio de calidad a todos los ciudadanos. Y cuando aún existen tantas deficiencias en la atención, este paso quizá es prematuro y peligroso, puesto que se avanza por una precipitada digitalización que deja fuera a un volumen todavía importante de población que no tiene acceso a internet por razones de edad, por la localización geográfica —hay lamentablemente zonas sombrías extensísimas— o por falta de recursos económicos para disponer de los medios necesarios.

La primera garantía que tiene que fortalecer el Estado es esa atención de calidad, con agilidad y con suficientes medios a todos los ciudadanos. En el último año se ha producido una cierta degradación que era entendible en el inicio tan precipitado del confinamiento que paralizó las dependencias estatales en marzo de 2020. Pero hoy, aunque quizá no se perciba desde la altura de los despachos de Madrid, siguen repitiéndose las colas, los ‘vuelva usted mañana’ o las excesivas dilaciones en los servicios estatales que atienden cosas tan fundamentales como el servicio de empleo, un buen ejemplo de las consecuencias que genera el abandono, que lo tiene sumido en el caso desde hace semanas.

Otro problema evidente es el previsible sobre el control del personal. El pacto del ministerio de Miquel Iceta y los sindicatos fija el teletrabajo en tres días a la semana. La polémica permanente sobre los abusos se intensifica por la complicación que habrá en el futuro sobre los horarios.