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Lancen una moneda al aire, que a la que se descuiden, cincuenta españoles y dos primos del norte de África estarán bregando por hacerse con ella. Lo de crear una especie de Madrid Central en los municipios de más de 50.000 habitantes puede ser buena idea, pero fijar fechas de forma precipitada no es la mejor forma de iniciar un proyecto sumamente complicado.

Siempre ha habido voces que tildan de hipócrita este ecologismo de bolsillo en el que todos tienen claro que hay que acabar con los vehículos contaminantes, cuando hasta hace diez años apenas se hablaba de los eléctricos, híbridos, flex, gas natural, solares, biodiésel o hidrógeno. ¿Por qué los grandes fabricantes automovilísticos siguen produciendo motores que dependen de los derivados del petróleo que tanto daño provocan en la capa de ozono? ¿No sería coherente que las autoridades mundiales fijaran primero la fecha para el fin de la producción de coches diésel y gasolina —España espera lograrlo en 2040—, en vez de imponer espacios libres de su utilización en plazos imposibles de asumir? ¿Cómo podrán acceder los millones de habitantes del planeta a estas formas alternativas de transporte teniendo en cuenta los precios desorbitados que alcanzan? ¿Qué cantidad va a destinar Europa, España o Castilla y León para subvencionar esta imprescindible y cara transición? Sin respuesta a estas preguntas, parece un disparate marcado por la falsedad.

Y está muy bien que León se quiera subir al carro de los fondos Next Generation, como una de las últimas bazas que le queda por jugar en esta partida sanguinaria de despoblación, vejez y escasez de empleo. Pero el Estado debe olvidar sus pretensiones económicas y analizar cual es la situación de cada territorio antes de obligar a nada. Esa Ley de Cambio Climático que el Senado ha de ratificar tras su aprobación en el Congreso fija que León deberá contar con una «zona de bajas emisiones no más tarde de 2023». Si realmente quieren cumplir con ella, los técnicos de Movilidad del Ayuntamiento deben empezar a repensar desde hoy mismo el diseño de un plan que impactará tanto a los leoneses como la peatonalización de Ordoño II. ¿Y cómo van a afrontarlo los municipios de más de 20.000 habitantes implicados? Excepciones para los vehículos de urgencias, vecinos residentes en las zonas afectadas, transportistas y distribuidores que nutren de mercancía a comercios y hostelería, servicio de recogida de basuras; adaptación de espacios para el control de acceso; creación de una normativa de sanciones para los incumplimientos... Un sinfín de medidas que, siguiendo a ciudades más preparadas y avanzadas en este ámbito, será más fácil fijar. Pero si lo hacen de forma atropellada solo generarán frustración, incertidumbre y enfado. Algo a lo que, por suerte o por desgracia, ya estamos acostumbrados.