Que viene el lobo, Teresa... y vino

Contra todo pronóstico, y después de anunciar que la decisión final sobre el lobo se tomaría a finales de año, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, sacó ayer a información pública en proyecto de la orden para su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Pero ojo, lo que en principio debería levantar el aplauso de todo el bando ecologista que lleva años buscando esta declaración, con la que se prohibiría definitivamente no solo la caza de este animal, sino cualquier tipo de control poblacional, ha causado indignación, frustración y un total rechazo al baile entre dos aguas protagonizado por la ministra Teresa Ribera.

Ya el mero hecho de que las comunidades loberas, Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, no respondieran al anuncio con un contundente comunicado en contra, tal y como siempre hacen cuando se ha avanzado en el proceso para la protección de la especie, ya es mosqueante.

Y es que la orden ministerial tiene una doble lectura, con la que la ministra ha querido apaciguar las aguas de todas las partes implicadas en el conflicto.

Mientras que por un lado se da un paso más para extender la protección del lobo al todo el territorio nacional con la inclusión en la lista de especies intocables, se permite a las comunidades autónomas seguir aplicando las medidas de control poblacional siempre que se demuestren daños al ganado o a la agricultura. Pero eso no es todo, supedita estas medidas de control a la futura aprobación de la Estrategia Nacional por parte de la Conferencia Sectorial en la que participan las comunidades autónomas, lo que significa que la decisión final sobre si se matan lobos o no queda en manos de las autonomías, y con la presión que están ejerciendo las bien llamadas loberas, que acaparan el 95% de la población, mucho me temo que el lobo no tendrá el indulto que tanto se ha perseguido.

Enorme torpeza de la ministra, que al parecer olvida que la declaración de una especie protegida es potestad exclusiva del Gobierno central, y nunca de las comunidades autónomas, y que el Lespre prohibe cualquier tipo de muerte, no solo la cinegética. Ribera abre así una peligrosa puerta que deja más desprotegidas que nunca a muchas otras especies.