Una nueva hoja de ruta
Mañana se cumplen dos años desde las últimas elecciones municipales y autonómicas, lo que equivale a decir que nos encontramos justamente en el ecuador de la Legislatura, momento a priori adecuado para detenerse a realizar siquiera sea un somero balance.
Sin embargo, la irrupción de la pandemia cuando aún no había transcurrido un año, impide aplicar los parámetros al uso para este tipo de balances. Resulta obvio que la situación de emergencia sanitaria sobrevenida a partir de marzo de 2020, y las graves consecuencias económicas, laborales y sociales que ha comportado han condicionado la gestión pública en todos sus niveles, y muy en especial en el que compete a las comunidades autónomas.
La pandemia ha constituido todo un test (y de los de estrés) para el Estado Autonómico, que, como titular de la Sanidad y otras competencias tan esenciales como los Servicios Sociales y la Educación, ha tenido que ponerse las pilas a marchas forzadas para responder a la situación. Y pese a insuficiencias e incapacidades más o menos disculpables, habida cuenta de las circunstancias la respuesta puede considerarse globalmente satisfactoria. Podría decirse que las Comunidades Autónomas han alcanzado por fin una mayoría de edad que en algunas de ellas, caso de la de Castilla y León, seguía sin llegar después de más de tres décadas.
Del calamitoso desconcierto de los primeros meses, plasmado en la tragedia vivida en las residencias de ancianos, a la eficiente campaña de vacunación masiva, media un abismo del que procede extraer consecuencias en todo lo referente al marco de atención sociosanitaria. Y más allá de ellos, cuando estamos regresando a la plena normalidad (ni nueva ni vieja, la que es), sería el momento de redefinir objetivos y prioridades.
Los problemas previos a la pandemia no solo persisten, sino que no han hecho otra cosa que agravarse. Qué decir en esta comunidad autónoma del endémico lastre de la despoblación, agudizado aún más tras la pérdida de las cerca de 11.000 vidas que se ha cobrado el Covid 19 en Castilla y León.
Los programas electorales con los que concurrieron los distintos partidos hace dos años han quedado desfasados. También el acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y Ciudadanos para hacer presidente a Alfonso Fernández Mañueco. Y asimismo ha quedado en papel mojado el «pacto para la reconstrucción» suscrito por todas las fuerzas parlamentarias, con la única excepción de Vox, en junio de 2020. Urge, en definitiva, dejar atrás la política del parcheo permanente y diseñar una nueva hoja de ruta para los dos años que restan hasta las próximas elecciones autonómicas.