Editorial | La reforma eléctrica no puede ahondar en la desigualdad

El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que el Consejo de Ministros ha aprobado este mes, nace con el objetivo de rebajar la factura eléctrica de los consumidores un 13%, al sacar las primas que se pagan a las renovables del recibo. Sin embargo, según un informe realizado por Sedigas, este mecanismo implica en la práctica un gravamen mayor para determinados ciudadanos. Entre ellos los que resisten en las zonas más despobladas, aunque las quejas por el mecanismo han llegado también desde la industria.

La herramienta pretende que todos los agentes energéticos costeen las políticas de fomento de las renovables, lo que reduciría la factura de hogares y empresas. Sin embargo, según el estudio, es la población más vulnerable y empobrecida, especialmente en el medio rural, la que se verá especialmente perjudicada por el nuevo sistema de cálculo.

Es así porque el fondo pretende «dar señales» que impulsen la electrificación de la economía (un paso más en la descarbonización); cuando en las zonas rurales y más despobladas la dependencia de la energía no eléctrica es mucho mayor que en el resto. También tienen que hacer frente a mayores desplazamientos y su acceso a los transportes públicos es mucho más reducido. El resultado es que, cuando se aplique esta medida, la factura eléctrica de los hogares rurales y los más vulnerables se verá encarecida, no reducida. Las grandes líneas políticas que miran a los objetivos europeos, también las energéticas, no pueden dejar atrás una vez más a las zonas menos favorecidas. La transición energética es una exigencia, pero la igualdad de oportunidades es un derecho irrenunciable.