Editorial | Avanzar hacia una sanidad más fuerte que garantice eficiencia y alta seguridad

Entre un 10% y un 14% de los reingresos de los enfermos de edad avanzada se producen por una información incorrecta o incompleta sobre la medicación al dar el alta hospitalaria. Ese problema se solucionaría con una inversión de 50-55 euros por habitante al año. Y se calcula que por cada euro invertido se recuperan directa e indirectamente al menos 1,6 euros, lo que en el caso concreto de la provincia supondría un ahorro de unos 10 millones de euros en los costes por fallos de seguridad y por inadecuación de estancias en una provincia con 80.000 hospitalizaciones.

Para que todo eso sea posible es necesario que definitivamente salga adelante la Ley de Seguridad del Paciente, que llegó al Congreso de los Diputados como iniciativa legislativa popular, avalada por 700.000 firmas de ciudadanos y profesionales sanitarios y respaldada luego mayoritario por los grupos políticos para avanzar en una tramitación parlamentaria todavía incompleta.

Su aprobación, que convertiría a España en el primer país europeo en garantizar la seguridad del usuario, mejoraría y reforzaría el sistema sanitario a partir de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera o enfermero en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios. Lógicamente, eso tiene ese coste estimado —tan razonable como necesario— en un incremento de las plantillas que, por otra parte, vendría a resolver un déficit estructural muy importante si se tiene en cuenta que la ratio actual es de cinco enfermeras/os por 1.000 habitantes frente a los casi nueve de media de la UE, con países que alcanzan hasta los 17.

La experiencia vivida por el covid debería ser suficiente para entender que es el momento de dar ese paso hacia la reconstrucción de un sistema sanitario fuerte que garantice mayor eficiencia y seguridad y una óptima atención y cuidados, asegurando su bienestar y una vida más saludable.