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León, con casi 75.500 afectados, es la provincia con un mayor número de ciudadanos sin posibilidad acceso fácil a oficinas bancarias o cajeros automáticos para disponer de dinero en efectivo. En una provincia con gran dispersión poblacional y con un elevado nivel de envejecimiento, y por tanto sin posibilidad real de acceso tecnológico, la demanda este tipo de servicios es fundamental. La alta vulnerabilidad financiera se verá agravada con la aceleración del cierre de sucursales, sobre todo en las zonas rurales. Urgen, por tanto, medidas que posibiliten que Correos, estancos, comercios y oficinas móviles asuman la prestación de esos servicios.