Editorial | El éxito de una medida justa dispara el número de cuidadores no profesionales

Más de cuatro mil cuidadores no profesionales de personas dependientes —casi setecientos más que hace un año— se incorporaron en Castilla y León como cotizantes en los siete primeros meses del año. La provincia de León se sitúa a la cabeza de la comunidad autónoma con cerca de un millar personas integradas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para dedicarse en exclusiva a sus familiares, frente a las 737 que había un año antes. Esos incrementos son sobre todo la consecuencia directa de la aplicación de los convenios desde que el Estado se hizo cargo de abonar las cotizaciones. El éxito de ese avance se traduce en que en dos años se multiplicó por ocho la cifra de 8.152 cuidadores. Teniendo en cuenta que en nueve de cada diez son mujeres, la medida viene a resolver, si quiera parcialmente, una deuda histórica especialmente contraída por las que asisten a sus mayores —o a niños y jóvenes con discapacidad— renunciando en muchos casos a su vida laboral y social.

Se calcula que en 2050 la población española contará con una estructura demográfica mucho más envejecida, hasta el punto de que la población mayor de 65 años representará casi un tercio del total. Con esa previsión en el horizonte, la discapacidad y la dependencia en las personas mayores adquiere cada día mayor relevancia política y sociosanitaria. Incluso la pandemia puso todavía más en valor la importancia de los cuidados a esos sectores de la población por los graves efectos del covid-19, si bien es la sociedad en general la que aspira a un envejecimiento más saludable y una mayor adecuación del entorno y de las políticas sociosanitarias.