Hacia otra legislatura perdida
Vacunado el 80 por ciento de la población con la pauta completa, no es que hayamos derrotado definitivamente al virus, pero es evidente que hemos dejado atrás lo peor de la pandemia. El Covid-19 seguirá dando coletazos y su capacidad de mutar originará a buen seguro nuevas oleadas puntuales, pero, por agresivas que éstas sean, no tendrán ya capacidad de colapsar nuestro sistema sanitario.
Recobrada a pasos agigantados esa normalidad que tanto se ha hecho esperar, y más o menos evaluados los destrozos sociales y económicos causados por la pandemia, no hay excusas para acelerar la incipiente senda de la recuperación. A diferencia de la crisis incubada en 2008, solventada a base de recortes sociales y depreciación salarial, la estrategia europea es ahora por fortuna completamente opuesta, El maná de los 140.000 millones de euros asignados a España dan sobradamente para encarar la recuperación e incentivar una economía productiva en línea con el crecimiento sostenible que exige el Cambio Climático.
En el despliegue de esta nueva etapa al renovado gobierno Sánchez le ha sobrevenido un problema político peliagudo, cual es el incremento casi exponencial del recibo de la luz, producto de un aberrante sistema tarifario que permite a las compañías engordar sus beneficios a base de facturar todos sus kilowatios al coste de la energía más cara, en este caso el gas. Y visto que la situación se hacía insostenible, Sánchez ha decidido tirar por la calle de en medio y terminar con esos «beneficios caídos del cielo» que estaban diezmando nuestros bolsillos. Consideraciones políticas al margen, la insaciabilidad de las eléctricas no podía seguir ahogando al ciudadano ni lastrar la senda de la recuperación.
España también, pero Castilla y León tiene especial mala suerte con sus gobernantes. En el momento en que procedía concentrar todos los esfuerzos en pro de esa recuperación, la Junta anda sumida en una crisis interna —la ruptura del matrimonio de conveniencia entre el presidente Mañueco y el vicepresidente Igea— que alimenta el runrún de unas elecciones autonómicas anticipadas que se dan por inevitables. Para mayor inri, una convocatoria que, pese a ser facultad exclusiva del presidente de la Junta, se decidirá en Génova y en función de la carrera electoral de Pablo Casado. Mañueco no se cansa de decir que agotará su mandato siempre que su gobierno disponga de estabilidad, algo de lo que en realidad ya carece. Este clima preelectoral que se respira en Castilla y León es obviamente el menos indicado para consensuar el uso y reparto de los fondos europeos asignados a esta comunidad autónoma, que ya tiene habilitados mil de los 5.000 millones a los que aspira. Una oportunidad única que corre el riesgo de malograrse si se confirma una anticipación electoral que estaría dando por perdida la Legislatura autonómica. La segunda consecutiva.