Caso políticamente amortizado
Conocida es la lentitud, a veces exasperante, que caracteriza a la Justicia española. La llamada “trama eólica”, el método de extorsión urdido en su día desde la consejería de Economía en torno a la adjudicación de los parques eólicos, no ha constituido una excepción. Más de 6 años se han empleado en la instrucción del caso a partir de aquel informe de la Agencia Tributaria de Castilla y León que detectó sospechosos enriquecimientos ilícitos —léase descarados pelotazos financieros— directamente relacionados con dichas adjudicaciones. Y hablamos del cierre de la instrucción; falta el juicio oral, la sentencia y los sucesivos recursos, todo lo cual puede duplicar fácilmente la duración de la causa.
En seis años pueden pasar y pasan muchas cosas. En este caso una de ellas fue el fallecimiento del ex consejero de Economía, Tomás Villanueva, a quién la Fiscalía Anticorrupción situaba en el vértice superior de la trama. En su lugar, aparece como cabecilla de la misma el que fuera su número dos (secretario general y viceconsejero), Rafael Delgado, al que el fiscal atribuye todo un rosario de delitos (cohecho, extorsión, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude fiscal) por los que solicita penas que suman 42 años de prisión y multas por importe de 239 millones de euros.
Nada menos que 148 años de cárcel y 848 millones de multa suman las penas que solicita la Fiscalía para los 16 encausados, entre ellos cuatro ex altos cargos de la Junta, todos estrechamente vinculados al fallecido Villanueva.
Políticamente, el tiempo y las circunstancias han desinflado mucho la repercusión política del caso. El rango político del máximo presunto era el de viceconsejero, nada que ver con lo que hubiera supuesto la eventual condena de un consejero que a la vez fue vicepresidente, como ocurrió con su antiguo homólogo Miguel Pérez Villar en el caso de la minería.
El actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, está a salvo de cualquier relación política directa con los hechos encausados, ajenos a las competencias ejercidas en su etapa como consejero. Y tampoco aparece en la instrucción nada relacionado con la financiación del PP, del que por aquellos años era secretario autonómico. A estas alturas, el caso está políticamente amortizado.
Y si hablábamos de la lentitud de la Justicia, qué decir de la comisión de investigación abierta en las Cortes, que a estas alturas del caso anda porfiando con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cuya comparecencia ha sido aplazada ya en dos ocasiones. A este paso habrá sentencia judicial antes de que dicha comisión alcance conclusiones.