Editorial | Pagar en las autovías sumará más daño al causado por los peajes en autopistas

Bajo la idea manifestada de que «el modelo de que toda nuestra red viaria sea gratis no es algo que suceda en Europa», el Gobierno insiste en el empeño de imponer una tasa a quienes circulen por autovías y otras vías de alta capacidad, que sería efectiva a partir de 2024. La posible implantación no sólo desata el rechazo generalizado de la sociedad, sino que también va a suponer un dolor de cabeza para el propio Ejecutivo, porque esa demanda de la autoridad europea deja sólo al PSOE como único valedor de la propuesta y en su intento de aplicarla frente a la casi la totalidad de los partidos políticos.

La necesidad de abordar una reforma que introduzca una tarificación se basa en la idea de no pagar con los impuestos de todos las carreteras y que a la vez sirva para modular los usos de transportes más contaminantes en beneficio de alternativas sostenibles, como el ferrocarril.

Es cierto que los 1.400 millones de euros que cuesta la conservación de las carreteras del Estado tendrían un buen destino en cubrir las necesidades más urgentes de la sociedad española, como las políticas sociales. Pero también es comprensible, razonable y justificable el malestar desatado por el daño que generará a los sectores económicos en un momento en el que sobre todo necesitan salir a flote y respirar.

Aunque la propuesta todavía no ha sido aclarada y apenas se conoce que la idea inicial pasa por implantar pequeñas tarifas con el objetivo de desincentivar el uso abusivo del vehículo y sumar ingresos para conservar la extensa red de carreteras, el daño para los leoneses es especialmente doloroso al sumarse al que causan —y seguirán causando— los gravosos peajes que pagan por circular por sus autopistas. Y eso en un momento de controversia en el que la liberación de varios tramos de otras vías ni siquiera se plantea en este caso como una opción.