Editorial | Medidas ambiciosas y financiación justa para contener la despoblación
Es el «mayor desafío» y requiere «medidas ambiciosas que posibiliten un futuro próspero». Esa es la preocupante situación territorial y la exigencia respecto al problema de la despoblación en Castilla y León y muy en concreto en la provincia. Lo dijo Luis Fuentes, presidente de las Cortes, en la jornada inaugural del congreso que organiza el Diario de León y que tendrá continuidad durante cuatro jornadas la próxima semana. Y lo hizo ante el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, y la vicepresidenta del Parlamento de Cantabria, Emilia Aguirre, en representación de otras dos comunidades azotadas por el mismo problema.
El análisis de la situación y las actuaciones que deberían ser acometidas por las administraciones tuvieron en los tres casos muchos puntos de coincidencia, empezando por la necesidad de «recuperar la voz de la España olvidada para devolverla a la primera línea de la política». Eso debe hacerse, en primer lugar, desde la toma de conciencia de la gravedad de la situación, algo que realmente sólo ocurre en los territorios afectados y a la que es ajena no sólo una parte de la población del país, sino también, lamentablemente, la cuota que le corresponde en la representación política. Y en segundo lugar, haciendo un planteamiento global —con las especificidades que correspondan a cada territorio por sus singularidades— que resulte creíble y eficaz no sólo para contener la pérdida poblacional sino, más ambiciosamente, para que también posibilite el retorno de un enorme capital humano y el valor incalculable del talento joven, que en el caso de la provincia ha supuesto una cruel sangría que sin duda lastra ya su desarrollo laboral y económico.
Es necesario —y urgente— impulsar reformas y estrategias que garanticen al medio rural la prestación de servicios básicos y la conciliación familiar, el apoyo a los emprendedores y la conectividad y la digitalización. Y poner a los jóvenes en el centro de atención, construyendo para ellos un futuro prometedor que no los obligue a abandonar su tierra. Porque la sociedad urbana y sobre todo el campo necesitan garantizar el relevo generacional, la sostenibilidad medioambiental y la modernización del tejido productivo. Y sobre todo se necesita un modelo de financiación autonómico más justo e igualitario.