Editorial | La ordenación del territorio tiene que llegar vía acuerdo

El nuevo planteamiento de la Junta de Castilla y León para abordar la ordenación del territorio se ha topado con el rechazo de la Diputación de León que, en una moción presentada en el último pleno, recibió el apoyo del PSOE y UPL, con los votos en contra de PP y Ciudadanos. El debate de la corporación municipal en aquella sesión plenaria fue largo y tenso, lo que demuestra que no hay atisbo de consenso entre las formaciones políticas para abordar una cuestión que debería salir adelante con el máximo número de apoyos posible. Esta debe ser la premisa para trabajar y para desarrollar un proyecto que lleva tres décadas de infructuoso recorrido y que debe, por el bien especialmente del mundo rural, implantarse de una vez por todas. La negativa de la Diputación de León a implicarse en la elaboración del mapa de las zonas rurales y su rechazo a otros ámbitos del proyecto, como la distancia para la prestación de servicios, no tendrá mayor impacto que el simbólico puesto que la propuesta del vicepresidente Francisco Igea sólo requerirá de una mayoría simple en las Cortes de Castilla y León para que la modificación de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio (Lorsergo) siga su curso. Ahí se abrirá un plazo de seis meses para que las diputaciones elaboren su propuesta del mapa con la consulta pública, previa constitución de un foro territorial para que entidades sociales, económicas, culturales y asociaciones de todo tipo participen en la planificación. En cualquier caso, lo que sea que se acuerde para reordenar una Comunidad en la que los servicios básicos de los pueblos están en jaque debe abordarse como una cuestión territorial y no como un envite partidista.