Normalidad en cuarentena
Ingenuos de nosotros, creímos a pies juntillas que, una vez controlada la pandemia, la nueva normalidad iba a parecerse enseguida a la que conocimos hasta el fatídico mes de marzo de 2.019. Para nada esperábamos que esa transición fuera a topar con tanto escollo sobrevenido.
Contábamos con que afloraría el atasco ocasionado por la pandemia en el conjunto del sistema sanitario, pero no sospechábamos su verdadera dimensión. A estas alturas la atención primaria —da igual la urbana que la rural— sigue bajo mínimos, y las listas de espera, con una demora de 144 días para los más de 48.000 pacientes a la espera de una intervención quirúrgica.
Con lo que no contábamos era con que la senda de la recuperación económica fuera a depararnos todo un cúmulo de obstáculos que se asemejan peligrosamente a una tormenta perfecta. Nos las prometíamos muy felices con la decisión de la Unión Europea de afrontar esta vez la crisis al modo keynesiano y no a base de los recortes austericidas que nos trajeron por la calle de la amargura en la pasada década.
Pero esa especie de Plan Marshall (140.000 millones para España) se ha visto de repente eclipsado por dos factores extremadamente negativos: La imparable escalada de los precios energéticos y la crisis de suministros y logística que está paralizando sectores básicos de la producción industrial. Dos adversidades que, amén de lastrar el crecimiento, están disparando la inflación, es decir, diezmando aún más nuestro poder adquisitivo. De momento, las previsiones de crecimiento contempladas en los Presupuestos del Estado se han ido al garete. La recuperación no va a ser ni tan rápida ni tan justa como pretendía el gobierno Sánchez. Al albur de esos imponderables, la esperada normalidad está en cuarentena.
En esta coyuntura el principal reto de la Junta de Castilla y León debería ser el de aplicar con la mayor diligencia y eficacia el maná de fondos europeos que engrosa su nuevo Presupuesto. No vaya a ser que al final el dinero se despilfarre como los fondos mineros y, en lugar de emplearse en la modernización del tejido productivo, se pierda en gasto corriente oficial, como sería el caso de los 590.000 euros con los que se pretende sustituir la iluminación de la sede de las Cortes.
Y un último apunte a propósito de la Cumbre del Clima, donde han quedado de manifiesto los estragos medioambientales causados por las macrogranjas ganaderas. El compromiso contra el cambio climático es incompatible con un modelo que degrada el hábitat, espanta el turismo rural y acaba generando más despoblación. La Junta lo sabe perfectamente.