Editorial | La financiación sí decide la sanidad y la educación que se da al ciudadano

No se trata de pedir privilegios. Es una cuestión de justicia, de igualdad. De garantizar unos servicios de calidad para todos los ciudadanos. Los mensajes emitidos por los ocho presidentes de autonomías presentes en la Cumbre de Santiago facilitan una imagen de hasta qué punto son compartidas las carencias y los problemas en una buena parte de España. Unos espacios que tienen buena parte de sus localidades ya vaciadas, y sufren un presente incierto que aventura con los actuales desequilibrios un futuro marcado por la ausencia de relevo generacional. El mensaje compartido por representantes de los distintos partidos políticos facilita una foto fija de lo que a diario es una queja permanente en todos esos territorios. El sistema actual de financiación autonómica no permite a los comunidades ‘de segunda’ ofrecer unos servicios dignos a sus habitantes. Los criterios establecidos en su día por el Gobierno con Cataluña, de manera bilateral, han lastrado durante más de una década la gestión de la atención a buena parte de la ciudadanía española. Ayer, de nuevo salió el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero y su afán por buscar un acuerdo con las formaciones catalanistas como el origen de un sistema que no reconoce la realidad que se vive en las provincias de la España interior, donde la atención sanitaria o la educación es mucho más cara que en las zonas con la población concentrada. La exigencia unánime de la Cumbre de Santiago es de pura justicia y de lógica abrumadora: una financiación autonómica aprobada por consenso entre todos los territorios.