Editorial | Astorga merece que sus gobernantes asuman su responsabilidad
La opinión pública de Astorga asiste con estupefacción a la sucesión de informaciones relacionadas con el accidente de tráfico, con fuga incluida, que desde el pasado diciembre está poniendo en entredicho la honorabilidad del teniente de alcalde de Astorga, José María Jáñez, socio y sustento en el poder del alcalde socialista, Juan José Alonso Perandones. Lo que en un principio fue motivo de memes y chistes populares que corrieron de boca en boca por la capital maragata se está convirtiendo en un asunto preocupante que puede poner en peligro el gobierno municipal. Aclarar quién conducía el vehículo siniestrado aquella madrugada del 12 de diciembre está ya en manos de la justicia porque el relato de los hechos que han hecho sus protagonistas levanta sospechas sobre su veracidad. En cualquier caso, la posición del portavoz de IU, también concejal de Hacienda, Desarrollo Económico e Industria, es tremendamente complicada. Solo hay dos versiones más o menos verosímiles sobre lo acontecido. En la primera, Jáñez —como han afirmado en declaración jurada varios testigos— conducía el vehículo que huyó y ha mentido en sus declaraciones a la Policía Local que, por cierto, consideró necesario someterle aquella noche a dos pruebas de alcoholemia. En la segunda versión, la defendida inicialmente por Jáñez y su pareja, en el momento del siniestro el teniente de alcalde de Perandones acompañaba a su pareja en el vehículo que conducía y permitió, en consecuencia, que esta huyera del lugar sin preocuparse de identificarse para, al menos, hacerse responsable de los daños materiales causados. En una u otra situación, es inaudito que solo la oposición municipal haya exigido responsabilidades políticas, entre denuncias por la ocultación deliberada de información oficial por parte del Ayuntamiento. Quien accedió al gobierno de Astorga esgrimiendo su papel de regenerador democrático y su vocación de adalid de la justicia social y de la transparencia no tiene más remedio que ser coherente y responder políticamente por sus acciones. Y quien le ha aceptado como socio de sillón está obligado a salir a la luz pública y pedirle que se vaya en aras de evitar consecuencias mayores.