Y ahora, a subir el SMI
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo intenta convencer a la opinión pública de lo bien que le ha salido la reforma laboral. Se le olvida a Yolanda Díaz que su intención era derogar la reforma de Fátima Báñez y que si no es por el caso Casero a estas alturas podría estar fuera del Gobierno o, en todo caso, muy tocada.
Ahora, deprisa y corriendo, para intentar tapar su fracaso con los socios de gobierno e investidura, ha citado a patronal y sindicatos para acelerar una nueva subida del SMI. Díaz quiere que suba hasta 1.000 euros y que entre en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esta decisión se está tomando sin que se hayan hecho públicos los informes negativos que sobre muchos colectivos han tenido las anteriores subidas, 35,5% en los últimos 4 años. Los sindicatos (UGT y Comisiones Obreras) obviamente no tienen ningún problema. Están bien engrasados y aunque querrían una subida mayor, asumirán lo que diga la vicepresidenta. Otra cosa distinta parece pensar la patronal. Después de aprobar como mal menor la reforma laboral que devuelve poder a los sindicatos en materias importantes y con la espada de Damocles encima de que puedan producirse nuevos cambios negativos para el mercado laboral en otras normas, han mostrado su disconformidad. La razón es clara. Las empresas y los autónomos aún no han recuperado la actividad de antes de la pandemia. Además, soportan ya una subida de cotizaciones y veremos qué pasa con las nuevas medidas que propone el ministro Escrivá para los autónomos. Por si fuera poco, se avecina una masiva subida de impuestos, los fondos europeos no llegan a las empresas y los costes, incluido el energético, siguen disparados.
No es, desde luego, el mejor momento para tomar esta medida. En enero, se perdieron casi 200.000 empleos, los contratos indefinidos crecieron un 15%, pero más del 40% de ellos fueron a tiempo parcial, la productividad está por los suelos y bajan las horas trabajadas. La nueva batalla de Yolanda Díaz acaba de comenzar. Veremos qué hace el Gobierno si en este asunto no hay acuerdo con los agentes sociales. ¿Habrá decretazo?