A vueltas con la codorniz
La decisión de declarar en peligro de extinción a la codorniz, y así acabar con su condición de especie cinegética, quedó la semana pasada en tablas después de que el Comité de Flora y Fauna del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico dejara suspendida la propuesta hecha por el colectivo ecologista Seo Bird Life para estudiar un nuevo informe aportado por la Fundación Artemisan, que den un podo de luz a la desconocida situación de las poblaciones de este especie, una de las que más sufre la presión cinegética en este país.
La propuesta de los ecologistas, y su posterior valoración por parte del ministerio, levantó la indignación de nuestro consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, que consideró en una carta remitida a la ministra Teresa Ribera, que es una decisión demasiado importante como para tomarla así, a la ligera, y sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, que son las que en definitiva tienen las competencias de medio ambiente. No puedo estar más de acuerdo con el consejero. Independientemente de que yo crea que efectivamente hay que tomar medidas urgentes para frenar esta presión que la caza ejerce en las poblaciones de codornices —sólo en Castilla y León se abaten 550.000 ejemplares al año—, no me cabe en la cabeza la falta de rigor del ministerio a la hora de tomar sus decisiones. No hay ni un solo informe oficial, ni un censo nacional al que agarrarse para justificar el, por otro lado, evidente declive poblacional. La propuesta viene de la mano de una organización ecologista que apunta a que en España quedan algo menos de 225.000 ejemplares, una asociación, obviamente contraria a la caza y con un reconocido y evidente interés por la conservación. Por contra el informe de Artemisan, que asegura que son 3,3 millones los ejemplares los que aún vuelan en este país, está elaborado por los propios cazadores, cuyo único interés es seguir cazando. Un ministerio no puede estar dependiendo de informes que responden a único interés y que tienen un fin determinado. Tiene medios suficientes y también la responsabilidad de elaborar sus propios censos oficiales e independientes con los que dar respuesta a los distintos problemas de la fauna en este país. Llegados a este punto, me gustaría saber en qué informes poblacionales se basó para declarar al lobo especie protegida.