Comunidad vulnerada
Ocurrió tras las elecciones autonómicas de 2019 y vuelve a repetirse hoy: Las Cortes de Castilla y León designan a Javier Maroto, un político fracasado en su intento de ser elegido diputado por Álava, para ocupar uno de los tres escaños que representan a nuestra comunidad autónoma en la Cámara Alta. A instancias de Pablo Casado, que quería nombrar a Maroto portavoz del grupo popular en el Senado, el PP de Castilla y León tragó sin rechistar con esa bochornosa usurpación partidista de una representación institucional. Un escarnio para leoneses y castellanos que contó entonces con la imprescindible cooperación de Ciudadanos, servilismo en el que se subrogan ahora los procuradores de Vox.
La diferencia es que, desaparecido en combate Casado, el que ahora reina en Génova es Alberto Núñez Feijóo, el expresidente de la Xunta de Galicia, quien en su momento se manifestó sobre la polémica que rodeó al caso. Y lo hizo abonando el tópico de la ambigüedad galaica. Al mismo tiempo que justificó el nombramiento de Maroto como senador por Castilla y León, deslizó que él no hubiera consentido que lo fuera por Galicia, que, «al ser una nacionalidad histórica —argumentó— los planteamientos son menos abiertos que en otras comunidades». Ni el nacionalismo más supremacista recurriría hoy a un argumento así, que supone reconocer un distinto grado de dignidad democrática en función del territorio en el que residan los españoles. De paso, Feijóo no dejaba en el mejor lugar a Fernández Mañueco, por el que tres años después sigue sin mostrar especial aprecio.
Mientras tanto, a medida que va desplegándose el gobierno PP-Vox, el partido de ultraderecha no disimula el carácter instrumental de la coalición como banco de pruebas hacia el objetivo supremo de fraguar una mayoría en las próximas elecciones generales. La implicación directa de Santiago Abascal en las negociaciones con Fernández Mañueco y su definición de la Junta como «un piso piloto» no dejan lugar a dudas. Un horizonte que se vería del todo despejado si los resultados de las elecciones andaluzas obligan a Moreno Bonilla a cogobernar con Macarena Olona.
En Castilla y León, después de haber situado en primer plano su agenda ideológica (Ley de Violencia Intrafamiliar y derogación del decreto sobre Memoria Histórica), Vox se dispone a subrayar sus perfiles propios desde las tres consejerías que gobierna. Se trata de una estrategia de partido teledirigida por el propio Abascal y que de hecho será la principal función de la superflua vicepresidencia sin cartera asignada a Juan García-Gallardo. Sin cartera, pero con una estructura de tres altos cargos más que, a falta de otras competencias, actuará como la sala de máquinas de Vox en Castilla y León. Eso sí, sufragada con cargo al erario.