Editorial | El conflicto del lobo llega a Picos

Los gobiernos de Castilla y León, Asturias y Cantabria, comunidades que conforman el Parque Nacional de Picos de Europa, dan por hecho que los controles poblacionales del lobo en el territorio protegido son inevitables, y bajo esta premisa han puesto a trabajar a sus equipos jurídicos para buscar una salida que no implique un conflicto judicial con la protección que la vicepresidenta Teresa Ribera ha otorgado a la especie. La postura de las tres autonomías supone un claro desafío a la política ministerial que nunca ha dado la sensación de haberse abierto al diálogo en una cuestión con muchas aristas y que afecta directamente al sector ganadero que, salvo contadas excepciones, es unánime en cuanto al daño potencial y real que la especie inflige a las reses. Mientras los consejeros, de diferentes partidos políticos, se alzan como «defensores a ultranza» del ganadero, el ministerio sigue callando. ¿Hasta cuándo?