Polémica sí o sí

En España se denuncia una violación cada cinco horas y cada año hay 400.000 incidentes de violencia sexual contra 350.000 víctimas, la mayoría mujeres y niñas, según los últimos datos del Ministerio de Interior. Todas arrastran algún trauma el resto de su vida. En este país, el tránsito de la violencia hacia la mujeres de la cuestión privada al problema social ha vuelto al debate político. Tuvo que ser una violación de cinco hombres, conocidos como La Manada, a una joven en los sanfermines de 2016 la que desencadenara un debate y una alarma social que provocó una oleada de manifestaciones que alimentaron el movimiento ‘Yo sí te creo’. Pero como en cada acción siempre hay una reacción, no toda la sociedad la creyó. Hay que recordar aquí que un juez, Ricardo González, uno de los magistrados por los que pasó el caso de La Manada, no apreció delito, ni violación ni abuso, pidió la absolución de los acusados y calificó lo ocurrido como ‘jolgorio’. Muchas personas en España dudaron de la versión de la víctima y la señalaron. Algo similar ocurrió con el caso de la Arandina. La Audiencia de Burgos condenó a los futbolistas a 38 años por violar a una menor. En este caso fue la abogada de los jugadores, Olga Navarro, la que calificó la sentencia como «vergüenza» y cuestionó la versión de la víctima. Un año después, el Tribunal Superior de Castilla y León consideró que los exfutbolistas no violaron a la menor sino que abusaron de ella, y absolvió a uno y rebajó las condenas a 4 y tres años al resto. Fue en 2020 y todavía no estaba vigente la Ley de Libertad Sexual —solo sí es sí—. No recuerdo a tanta gente indignada.

La primera rebaja de condena conocida por la ley de ‘solo sí es sí’ fue a un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Los ocho años de cárcel por abusos han quedado en seis años de prisión por agresión sexual. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, lanzó un tuit en el que calificaba de «tremendo» que el tribunal obviase el abuso de superioridad del padrastro.

Sí, en la judicatura hay jueces y juezas con una mentalidad patriarcal, como en cualquier otro sector de la sociedad. Las leyes pueden interpretarse, pero Irene Montero se equivoca —y de qué manera— al señalar esa como la causa de la rebaja de las condenas. Jueces y abogados se ajustan a lo que dicta la ley, por eso, una norma de este calibre, tan esperada por el movimiento feminista y de un avance social histórico, no debería tener ningún resquicio, ni un mínimo descuido, que facilite que los abogados busquen el beneficio para sus clientes. Ese es su trabajo. Y el trabajo del Gobierno es no permitirse errores tan graves.

Oigo las reacciones unánimes —esta vez sí—de apoyo a las víctimas y a sus estados de ánimo. Hay que esperar todavía un mes —mientras tanto las revisiones de sentencias siguen llegando a los tribunales — para que el Tribunal Supremo aborde los recursos de los agresores. Yo creo que no se puede esperar tanto tiempo.