Viviendas
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. No es un panegírico revolucionario. Es exactamente lo que dice el artículo 47 del Título I. De los derechos y deberes fundamentales de la Constitución Española, que manda a los poderes públicos garantizar la vivienda y, lo que es más llamativo y más reiteradamente vulnerado, impedir la especulación. 45 años después, nada se ha hecho para desarrollar y cumplir este artículo constitucional.
Es mediáticamente conocido y reiterado hasta la saciedad el compromiso constitucional de todos los políticos de cualquier inclinación ideológica de Este a Oeste y de Sur a Norte, pero lo que es absolutamente cierto y comprobable es que el asunto de la vivienda, pese a ser uno de los pilares básicos de la sociedad, se ha dejado en manos de la especulación privada.
Si atendemos al mandato constitucional, disponer de una vivienda digna debería haber tenido un desarrollo similar al de la sanidad y la educación.
Las administraciones nacional, autonómicas y locales se han puesto de perfil y los parques públicos de viviendas son tan escasos que el mercado inmobiliario se ha convertido en un campo de poder.
La Encuesta de Presupuestos Familiares del año 2017 muestra que la partida que soporta el mayor gasto es la vivienda, junto a otras vinculadas como el agua, la electricidad o el gas.
Las crisis continuas y las subidas de los tipos de interés comprometen la economía de las familias que ajustaron cuentas y se entramparon de por vida con los bancos. Las administraciones deberían buscar fórmulas para no dejar este sector esencial en manos privadas. Es como si defendiéramos que no pueden existir hospitales públicos porque harían la competencia a los centros sanitarios privados.
Los parques públicos de viviendas deben garantizar un techo a una parte de la población que no puede pagar lo que el mercado privado pone a la venta, lo que no quita que si alguien quiere tener un chalé como el de la Preysler se lo compre y lo disfrute con salud por muchos años.
Hay experiencias con modalidades de uso y usufructo. La propiedad del inmueble sería de los ayuntamientos o autonomías, los residentes pagarían una entrada reembolsable y unas cuotas por debajo del precio de mercado para usar la vivienda, que no se puede vender ni alquilar. Y cuando inquilino abandona la casa, vuelve a estar disponible para otra familia. «Sin ideas, no vamos a ninguna parte», escribió José Saramago.